La industria alimentaria arrancó el año con un amplio debate. El pasado 7 de enero, el Departamento de Sanidad de Estados Unidos presentó una nueva pirámide alimentaria que, desde su publicación, ha generado reacciones encontradas entre especialistas, organismos internacionales y actores clave del sector. El motivo: una reorganización profunda de las prioridades nutricionales que coloca a las grasas de origen animal y a las proteínas animales por encima de las grasas vegetales, las frutas y los granos, rompiendo con recomendaciones que durante décadas han guiado la política alimentaria global.

La propuesta, impulsada desde la administración estadounidense y vinculada al movimiento Make America Healthy Again, tiene como objetivo declarado reducir el consumo de azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados para frenar los índices de obesidad y enfermedades metabólicas. Bajo esta lógica, se prioriza el consumo de carne, lácteos y alimentos entendidos como productos mínimamente procesados. En palabras de Robert F. Kennedy Jr., responsable del área de sanidad, la intención es “poner la comida real en el centro de la dieta”.

Sin embargo, la forma en que se materializa esta visión ha encendido las alertas. La nueva pirámide propone una ingesta proteica de entre 1.2 y 1.6 gramos por kilo de peso corporal, así como la inclusión de proteína en cada comida. Esta recomendación contrasta con las guías internacionales vigentes, que sitúan las necesidades promedio de la población general alrededor de los 0.8 gramos por kilo, reservando consumos mayores para casos específicos como deportistas de alto rendimiento o ciertas condiciones médicas.

Esta decisión resulta especialmente controvertida si se considera que la Organización Mundial de la Salud advirtió desde hace más de una década que el consumo elevado y frecuente de carne roja y carnes procesadas se asocia con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

La pirámide será utilizada como referencia en programas federales de alimentación escolar y en sistemas de provisión de alimentos en hospitales, prisiones y otras instituciones públicas. Esto implica un impacto directo en las decisiones de compra, en la formulación de menús y, eventualmente, en la oferta de productos de la industria alimentaria tanto en Estados Unidos como en los mercados que abastecen a ese país.

Al final, más allá de guías oficiales y debates políticos, el consumidor tiene la última palabra. Hoy nos enfrentamos a un comprador más informado, crítico y consciente del impacto de sus decisiones. 

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